Agustina es Directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo. Es abogada y Magister en Derecho Internacional con especialización en Derechos Humanos de la American University Washington College of Law. Es miembro del Grupo de Expertos en Libertad de Expresión de la Universidad de Columbia en Nueva York y profesora de grado y posgrado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derechos Humanos e Internet en la Universidad de San Andrés y en Palermo. Es autora y colaboradora en publicaciones sobre la temática.
- Pensando en la idea de la libertad de expresión ¿qué puentes se pueden trazar entre las organizaciones de Derechos humanos y las de Derechos Digitales?
- Internet es un medio y una plataforma para el ejercicio de los derechos humanos y, particularmente, para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. De ahí la relevancia que los relatores especiales en esta materia, tanto en Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, le han dado en sus informes más recientes. Indudablemente, las organizaciones de derechos digitales son organizaciones de derechos humanos especializadas. Desde el CELE hemos trabajado los últimos 6 años en talleres de formación y reflexión para organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión en Internet, haciendo especial énfasis en materia regulatoria. ¿Cómo regular Internet para promover y proteger la libertad de expresión? Tanto las organizaciones especializadas en derechos digitales como las especializadas en temas de libertad de expresión, acceso a la información y libertad de prensa tienen un enorme rol que cumplir en esta discusión y existe la necesidad de que trabajen de manera colaborativa.
"Internet es un medio y una plataforma para el ejercicio de los derechos humanos y, particularmente, para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión."
- ¿Cuáles son los desafíos en materia de adaptación de nuevas regulaciones que deben pensarse en conjunto y de manera regional, para que no se pierdan los estándares de libertad de expresión?
- Tanto el Sistema Interamericano como el Sistema Universal han dejado asentado que la libertad de expresión rige en Internet como en cualquier otro medio y que los Estados deben garantizar los mismos derechos online y offline. El principal desafío creo que es lograr una implementación concreta de estos principios en el ámbito de Internet, donde rigen principios de descentralización e interjurisdiccionalidad. Otro gran desafío creo que está vinculado con la transversalidad del derecho a la libertad de expresión y el reconocimiento, que tanto cuesta, de que toda regulación de Internet potencialmente afecta la libertad de expresión y por ende merece un análisis a la luz del test tripartito del Sistema Interamericano. Estos son temas de agenda local pero también de agenda regional, en tanto el Sistema Interamericano ofrece el marco más protector a nivel comparado para la libertad de expresión, prohibiendo explícitamente la censura previa y las limitaciones indirectas a este derecho, tanto desde el sector público como desde el privado.
- Si bien las noticias falsas siempre existieron, estos últimos años las nuevas tecnologías de comunicación permitieron que se viralicen de manera exponencial. ¿Cómo pensás que se las puede combatir?
- En principio, y siguiendo la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, la información falsa se combate con más y mejor información. Es importante recordar que la expresión en todas sus formas y dimensiones está protegida por el artículo 13 de la CADH -Convención Americana de Derechos Humanos-. La jurisprudencia nacional argentina también ha reconocido la amplitud y la relevancia del derecho a la libertad de expresión y lo reconoce en términos similares a los de la CADH. A diferencia de otros países o regiones, en nuestro país particularmente la expresión y las noticias están protegidas constitucionalmente y no se distingue entre noticias verdaderas o noticias falsas. En este marco, las noticias falsas también están, en principio, protegidas y no pueden ser sujetas a censura previa sino a responsabilidades ulteriores. Al momento de establecer estas responsabilidades ulteriores, el Sistema Interamericano adopto el criterio de la “real malicia” como requisito para la imposición de responsabilidad, particularmente penal. Bajo este criterio, solo será responsable quien a sabiendas de la falsedad de la información y con intención de dañar, publicara o difundiera información falsa. Está claro que el nivel de protección es alto y responde a la necesidad de proteger la libre circulación de informaciones e ideas de toda índole. Desde un lugar más practico pero no por ello menos importante, la prensa tiene un enorme rol que cumplir en el combate a la desinformación y las noticias falsas.
- Repasando el debate que se ha dado en Europa sobre la Ley de Derecho de Autor, ¿a qué mecanismos de debate deberían ser sometidas este tipo de iniciativas? ¿En qué situación nos encontramos frente a esto en nuestro país?
- En nuestro país como en muchos otros a nivel regional persiste la tendencia a la criminalización de la expresión como respuesta ante los abusos. En el 2017 desde el CELE iniciamos un proyecto para un Observatorio Legislativo en Libertad de Expresión a nivel regional y constatamos esta persistencia. Esta tendencia la vemos fuertemente en materia de derechos de autor, y particularmente hoy que se debaten reformas a la ley penal y la ley de protección de la propiedad intelectual. La adopción de este tipo de normas, a mi criterio indudablemente requiere un debate previo robusto, transparente y participativo. El marco propicio para dar este debate es el Congreso, aunque puede apuntalarse desde distintos sectores o desde otros poderes. En nuestro país se dio un debate interesantísimo, amplio y participativo en torno al proyecto de responsabilidad de intermediarios en el Senado de la Nación. Por otra parte, en materia de propiedad intelectual, se han abierto otros frentes paralelos, particularmente en el ámbito de Justicia 2020 para excluir este tipo de contenidos del régimen general de intermediarios que planteaba el proyecto. Como sostenía al principio, creo que el foro natural para debatir estos temas es el poder legislativo y dicho debate debe ser amplio, robusto y transparente.
